Represión y Criminalización

Las comunidades que velan por sus intereses por lo general sufren represión por parte de las empresas mineras.

Las organizaciones locales y sus dirigentes, reciben amenazas físicas y psicológicas, acompañadas de violencia, asesinatos y desapariciones. Con frecuencia, las empresas mineras cuentan con un ejército  privado “de seguridad”. Por lo general, la policía y el ejército, por razones financieras se sitúan del lado de la minera, renunciando así a proteger a su propia gente.

Las protestas campesinas y manifestaciones públicas en América Latina se han caracterizado a menudo por insurrecciones populares. Ya que los gobiernos suelen optar por suprimir a la opinión pública en favor de una operación libre para las multinacionales extranjeras, utilizan al ejército y a la policía para luchar contra las huelgas.

En 2011 se anunció que la compañía británica Monterrico Metals, logró evitar un proceso público de la Corte Suprema de Londres mediante el pago de una indemnización. El 21 de julio, 36 familias peruanas fueron indemnizadas por los agravios de seis años atrás. Durante una protesta campesina contra una mina en el norte de Perú, fueron secuestrados y retenidos algunos manifestantes durante dos o tres días, además fueron maltratados e intimidados. Esto fue ejecutado por la policía peruana, quien fue asistida por el personal de seguridad de la mina, quienes proporcionaron a la policía cuerdas y sacos para proceder con el secuestro.

Este tipo de acontecimientos son habituales en torno a muchas minas de oro. Debido a que la población local es predominantemente víctima de los efectos negativos de la minería de oro, se rebelan y luchan. Por lo general, debido al soborno,  no cuentan con el apoyo del gobierno, la judicatura ni la policía. Lo que permite a las empresas mineras manejar como marionetas las instancias gubernamentales. Los líderes locales que se atreven a hablar son habitualmente víctimas de amenazas y violencia física, por parte del personal de la mina, la policía o unidades militares.

El 8 de septiembre de 2010, el presidente Joseph Kabila prohibió la minería artesanal en el Congo, prohibición que cesó el 11 de marzo de 2011. Toda actividad de los mineros artesanales, comerciantes y agencias de exportación fue suspendida, la intención era la de reorganizar el sector y hacer frente a la financiación de grupos armados. Sin embargo, esto no tuvo resultado ya que la actividad minera continuó, porque el ejército y la policía hicieron la vista gorda al recibir dinero. Esto motivó a los militares a aprovechar el aparato minero y retornarlo, siempre y cuando de dinero. Se formó una posición dominante donde se dio el riesgo de que no se retractaran después de la prohibición.

La minería atrae a muchos hombres que emigran para hacer el trabajo muy duro y lejos de sus familias. Estas condiciones les llevan, frecuentemente, a consumir alcohol durante el tiempo libre. Las nuevas explotaciones mineras causan el aumento del alcoholismo que va acompañado de un aumento de la prostitución, la violencia y el racismo. Un contexto  atractivo también para los traficantes de drogas.

Los trabajadores brasileños en las minas de oro de Surinam atraen a una gran cantidad de profesionales del sexo de Paramaribo y la costa. Una investigación en Paramaribo mostró que el 21,1% de las trabajadoras sexuales tenían VIH. Debido a que en esta región muchos individuos buscan oro, a menudo son víctimas de robo y violencia, y en algunos casos son asesinadas.