Expulsión

Comunidades enteras son expulsadas de las tierras en las que han vivido durante generaciones (incluso siglos). Aunque los recursos naturales de aquellas tierras son enormes, los campesinos se ven obligados a venderlas a un precio irrisorio o son expulsados con violencia e intimidación.

Las empresas mineras intentan comprar tierras baratas a un precio relativamente alto. Para la población rural la decisión de vender sus tierras es muy difícil, tanto por razones de principios como  históricas. Si los campesinos deciden no vender la tierra, las empresas mineras ejercen presión en las comunidades locales. Los trabajadores en las minas son despedidos si su familia no consiente vender sus tierras, se increpa a la gente con visitas nocturnas y se les amenaza para crear el miedo. Hay, además, ejemplos de empresas mineras que comienzan sus exploraciones o sondeos en los terrenos de familias que se niegan a vender. De esa forma se propicia la idea de que es mejor aceptar el dinero que ser forzado más tarde a dejar la tierra sin recibir nada a cambio.

El pueblo Palo Ralo en Honduras es un buen ejemplo de estas prácticas. El pueblo entero fue forzado a trasladarse. Hasta ahora los habitantes no han recibido compensación por ninguna de sus tierras perdidas. El día que las  materias primas se agoten y la empresa minera se marche, la población no podría regresar a sus tierras ya que estarán demasiado contaminadas.

Otro ejemplo lamentable es la ciudad Cerro de Pasco en Perú. La mina con un gran agujero a cielo abierto se encuentra en el medio de la ciudad y cada día crece más por la explotación de plata, plomo y cinc. Para ello, muchas casas tienen que ‘desaparecer’. Conforme al plan de expansión que Volcan Compañía, la empresa minera que opera en Cerro de Pasco, está realizando en este momento (el llamado Plan L) hasta la iglesia y la plaza del mercado desaparecerán. La única solución que le queda a los habitantes es la ‘mudanza’ de toda la ciudad, y lo antes posible, ya que Cerro de Pasco ya no es vivible. Pero cuándo se efectuará el traslado y quién lo financiará sigue siendo una gran incógnita. Y mientras tanto, la empresa se niega a hacerlo.

Los casos en los que las amenazas se convierten en violencia física evocan la indignación más grande. El 7 de julio 2010 Diodora Antonia Hernandez Cinto fue abatida a tiros por dos trabajadores de la Marlin Mina en San Miguel Ixtahuacan, Guatemala. Después de tres meses en el hospital y gracias a un ojo protético sobrevivió al atentado, por extraño que parezca. La señora Diadora se negó a venderle su tierra a la empresa minera. No es un hecho aislado, la empresa es culpable de otros actos de violencia graves. Los culpables fueron identificados y detenidos para ser liberados un tiempo más tarde.

El problema no sólo implica los acuerdos individuales en cuanto a la tierra. En muchos países las autoridades nacionales no reconocen a las poblaciones indígenas. Y aún si existe una tal legislación nacional, en muchos casos el gobierno sigue optando por vender los derechos de las tierras a los explotadores mineros. Esto muestra la amenaza y la impotencia con las que se ven confrontadas las poblaciones que viven en los terrenos conteniendo en el subsuelo grandes cantidades de oro.