La política

La realidad nos enseña que, en muchos casos, las legislaciones nacionales y regionales respecto del problema de la minería no bastan o están ausentes.

No obstante, a nivel internacional existen algunos tratados obligatorios, firmados por los países correspondientes, a los que se puede apelar. Un ejemplo es el convenio ILO (International Labour Organization) 169 que plantea que las poblaciones indígenas tienen que ser consultadas antes de que se introduzca una mina. Además, el convenio ILO propone que el desarrollo de la explotación tiene que estar de acuerdo con la protección de las necesidades de esos grupos de población. Habitualmente,  no se cumple este convenio. Asimismo se niega con frecuencia el ILO ‘Convention on Safety and Health in Mines’ que aspira a la reducción de los riesgos en salud y seguridad, además de ofrecer la posibilidad de establecer sindicatos.

La producción  de oro llevada a cabo por transnacionales en combinación con autoridades locales deficientes termina muchas veces en escándalos de corrupción y en el desprecio de la legislación internacional. Todo esto ocurre porque pequeños grupos de poder ven la posibilidad de enriquecerse.

A pesar de todo esto, vemos algunas posibilidades para poner en práctica cambios a nivel de la gestión política. Las autoridades nacionales e internacionales pueden influenciar la demanda de mercado: pueden imponer exigencias a los países consumidores con respecto a la negociación ética y pueden estimular alternativas más sostenibles. La estimulación se puede hacer, por ejemplo, por medio de contribuciones de importación y exportación o de subvenciones. Esto depende de si se trata de estimular alternativas sostenibles por un lado, o de desaconsejar materias primas injustificables por otro lado. En Europa se ha establecido el acuerdo sobre la gestión de las materias primas en 2012. Varias autoridades han incorporado el comercio sostenible en su política. Sin embargo, en la práctica, casi siempre se da prioridad a asegurar las escasas materias primas, sin tomar en consideración la información de fondo sobre las condiciones de explotación.

La clase media y la opinión pública son importantes instrumentos de presión para influir en estas autoridades. En este contexto mundial, una gestión política ejecutada por el Norte y orientado al Norte puede efectivamente mejorar la situación en el Sur sin tener que servirse de la política del Sur mismo. En fin de cuentas, se trata de empresas del Norte que se instalan en el Sur, realizando actividades que no podrían efectuar en su país natal sin respetar las normas sociales y ecológicas.

Canadá – donde el 75% de las explotaciones y empresas mineras mundiales tiene su sede principal – falló considerablemente al respecto el 27 de octubre de 2010. El parlamento canadiense votó en contra del ‘Bill c-300’, el ‘The Corporate Accountability of Mining, Oil or Gas in Developing Countries Act’. De esta manera evitó que empresas mineras canadienses pudieran ser denunciadas de violaciones contra los derechos humanos y de contaminaciones en el extranjero. Según la comisión ‘Prospectors and Developers Association of Canada’, las empresas canadienses son culpables de las violaciones más graves al nivel internacional.

La solicitud se rechazó por votación con 140 contra 134.